El Parlament ha ratificado hoy la prohibición de las corridas de toros en Cataluña el 1 de enero de 2012, al quedarse sólo, defendiendo una moratoria de tres años, el PPC, que ha abierto una guerra de cifras sobre las indemnizaciones a pagar por el cese de las actividades taurinas.
Un año después de que el Parlament aprobase por ley prohibir las corridas de toros en Cataluña a partir de 2012, la cámara catalana ha revivido el debate sobre esta cuestión merced a una proposición de ley del PPC que proponía aplazar la prohibición hasta el 1 de enero de 2015.
El diputado del PPC encargado de presentar la proposición, Rafael Luna, ha argumentado que en plena crisis económica, con unos 700.000 catalanes en el paro, “cierre de plantas hospitalarias” y recortes en servicios sociales básicos, la Generalitat “no puede permitirse el lujo innecesario”, ni el “capricho”, de pagar indemnizaciones por la prohibición de las corridas de toros.
Teniendo en cuenta que las personas a indemnizar no sólo podrían ser los propietarios de La Monumental de Barcelona, sino también los “taquilleros, enfermeros, ganaderos y transportistas”, y que además las compensaciones deberían abarcar el cese de actividades en los próximos 99 años, Luna ha situado la indemnización pública a pagar en una horquilla de entre 300 y 500 millones de euros.
Para ilustrar todas las políticas sociales que se podrían hacer con ese dinero, Luna ha asegurado que esas cantidades bastarían para sufragar los gastos anuales de los hospitales Josep Trueta, Arnau de Vilanova y Joan XXIII, aunque CiU ha negado la veracidad de estas cifras y ha asegurado que, como mucho, la indemnización ascenderá a unos “miles de euros”.
A excepción de los tres diputados de Ciutadans, que han ido más allá al presentar una proposición de ley para revocar la prohibición de las corridas de toros, el resto de grupos parlamentarios -CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC y Solidaritat- han dado la espalda a la propuesta del PPC: sólo 20 de los 135 diputados han apoyado la moratoria.
Un año después de que el Parlament aprobase por ley prohibir las corridas de toros en Cataluña a partir de 2012, la cámara catalana ha revivido el debate sobre esta cuestión merced a una proposición de ley del PPC que proponía aplazar la prohibición hasta el 1 de enero de 2015.
El diputado del PPC encargado de presentar la proposición, Rafael Luna, ha argumentado que en plena crisis económica, con unos 700.000 catalanes en el paro, “cierre de plantas hospitalarias” y recortes en servicios sociales básicos, la Generalitat “no puede permitirse el lujo innecesario”, ni el “capricho”, de pagar indemnizaciones por la prohibición de las corridas de toros.
Teniendo en cuenta que las personas a indemnizar no sólo podrían ser los propietarios de La Monumental de Barcelona, sino también los “taquilleros, enfermeros, ganaderos y transportistas”, y que además las compensaciones deberían abarcar el cese de actividades en los próximos 99 años, Luna ha situado la indemnización pública a pagar en una horquilla de entre 300 y 500 millones de euros.
Para ilustrar todas las políticas sociales que se podrían hacer con ese dinero, Luna ha asegurado que esas cantidades bastarían para sufragar los gastos anuales de los hospitales Josep Trueta, Arnau de Vilanova y Joan XXIII, aunque CiU ha negado la veracidad de estas cifras y ha asegurado que, como mucho, la indemnización ascenderá a unos “miles de euros”.
A excepción de los tres diputados de Ciutadans, que han ido más allá al presentar una proposición de ley para revocar la prohibición de las corridas de toros, el resto de grupos parlamentarios -CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC y Solidaritat- han dado la espalda a la propuesta del PPC: sólo 20 de los 135 diputados han apoyado la moratoria.
Fuente:euronews.net
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