Fernández Mañueco, que ha pronunciado en Salamanca la conferencia titulada "La fiesta de los toros: un derecho de todos los españoles" con la que se ha inaugurado el XXVI Curso de Especialización en Derecho de la Universidad de Salamanca (USAL), ha recalcado que las corridas de toros "son un derecho de los españoles protegido por la Constitución".
A su juicio, "la responsabilidad del Estado no es sólo proteger y defender de la fiesta de los toros", sino también "promoverla" y de ahí que haya abogado por que "acuda -el Estado- al TC en el caso de aprobarse la prohibición en Cataluña".
En este sentido, el consejero ha señalado que la prohibición "restringiría ese derecho a numerosos profesionales, como matadores, banderilleros, picadores, subalternos, empresarios, apoderados periodistas especializados o ganaderos", un sector que, según ha añadido, "emplea a más de 150.000 personas en España y que genera un flujo económico de unos 2.500 millones de euros anuales".
Asimismo, ha recordado que la Constitución "impone a los poderes públicos la obligación de atender a la modernización y el desarrollo de la ganadería", siendo el mundo del toro -ha añadido- "uno de los que más peso tiene en Castilla y León, ya que cuenta con 241 ganaderías, el 20 por ciento del total a nivel nacional".
También ha rebatido la argumentación de amparar la prohibición de las corridas de toros bajo el paraguas de la conservación de los recursos naturales, dado que, en su opinión, "la cría de reses bravas contribuye al mantenimiento de los ecosistemas de la dehesa".
Sobre la competencia de las comunidades autónomas, Fernández Mañueco ha señalado que los gobiernos regionales "únicamente pueden fijar condiciones para el desarrollo y organización de los festejos".
A su juicio, las posibles prohibiciones de las corridas de toros "serían inconstitucionales", ya que, según ha proseguido, "topan con varios límites establecidos por la Carta Magna" y ha reclamado "una modificación de la Ley Estatal para que se recoja expresamente la protección de los derechos fundamentales y de las libertades individuales como de competencia de las comunidades autónomas".
En Castilla y León se celebraron el año pasado 2.536 espectáculos taurinos, entre corridas, novilladas, rejoneo, becerradas, espectáculos mixtos, toreo cómico, festivales, bolsines, encierros, vaquillas, capeas y concursos de cortes.
En el conjunto de la geografía española existen más de 370 plazas de toros fijas y se celebran 17.000 festejos al año con 60 millones de espectadores.
A su juicio, "la responsabilidad del Estado no es sólo proteger y defender de la fiesta de los toros", sino también "promoverla" y de ahí que haya abogado por que "acuda -el Estado- al TC en el caso de aprobarse la prohibición en Cataluña".
En este sentido, el consejero ha señalado que la prohibición "restringiría ese derecho a numerosos profesionales, como matadores, banderilleros, picadores, subalternos, empresarios, apoderados periodistas especializados o ganaderos", un sector que, según ha añadido, "emplea a más de 150.000 personas en España y que genera un flujo económico de unos 2.500 millones de euros anuales".
Asimismo, ha recordado que la Constitución "impone a los poderes públicos la obligación de atender a la modernización y el desarrollo de la ganadería", siendo el mundo del toro -ha añadido- "uno de los que más peso tiene en Castilla y León, ya que cuenta con 241 ganaderías, el 20 por ciento del total a nivel nacional".
También ha rebatido la argumentación de amparar la prohibición de las corridas de toros bajo el paraguas de la conservación de los recursos naturales, dado que, en su opinión, "la cría de reses bravas contribuye al mantenimiento de los ecosistemas de la dehesa".
Sobre la competencia de las comunidades autónomas, Fernández Mañueco ha señalado que los gobiernos regionales "únicamente pueden fijar condiciones para el desarrollo y organización de los festejos".
A su juicio, las posibles prohibiciones de las corridas de toros "serían inconstitucionales", ya que, según ha proseguido, "topan con varios límites establecidos por la Carta Magna" y ha reclamado "una modificación de la Ley Estatal para que se recoja expresamente la protección de los derechos fundamentales y de las libertades individuales como de competencia de las comunidades autónomas".
En Castilla y León se celebraron el año pasado 2.536 espectáculos taurinos, entre corridas, novilladas, rejoneo, becerradas, espectáculos mixtos, toreo cómico, festivales, bolsines, encierros, vaquillas, capeas y concursos de cortes.
En el conjunto de la geografía española existen más de 370 plazas de toros fijas y se celebran 17.000 festejos al año con 60 millones de espectadores.
Fuente:ABC.es
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